La revocación de mandato es un mecanismo de participación ciudadana reconocido en el artículo 35 constitucional desde la reforma publicada el 20 de diciembre de 2019.

Su finalidad es permitir que la ciudadanía evalúe y, en su caso, revoque el mandato de la persona titular de la Presidencia de la República.

Para solicitarla, se requiere el respaldo del 3% de la lista nominal de electores.

La organización del ejercicio corresponde al INE, como autoridad electoral encargada de garantizar su desarrollo.

Para que el resultado sea vinculante, debe participar al menos el 40% de la lista nominal.

La Constitución establece que este mecanismo sólo puede realizarse una vez y a la mitad del mandato presidencial.

En 2022, México llevó a cabo su primer ejercicio de revocación de mandato presidencial, generando un precedente relevante.

Este antecedente permite evaluar la participación ciudadana, el uso político del mecanismo y la capacidad institucional para organizarlo.

El debate reciente ha mostrado que cualquier propuesta de reforma en esta materia debe analizarse con cuidado para preservar el equilibrio entre ciudadanía, gobierno e instituciones electorales.

Uno de los principales retos es evitar que la revocación de mandato deje de ser un instrumento ciudadano y se convierta en una herramienta de influencia del poder político.

Analizar esta figura implica revisar su naturaleza jurídica, su finalidad democrática y su utilidad real como mecanismo de control del poder público.

La revocación de mandato también debe entenderse como una expresión adicional de la soberanía popular en el sistema democrático mexicano.