Daniel Haering conversa con Daniel Cerqueira, director del programa de Cambio Climático y Derechos Humanos de la Fundación para el Debido Proceso, sobre un tema que atraviesa buena parte de los conflictos en Guatemala: la tierra.La conversación parte de un informe que analiza el papel del Ministerio Público y, en particular, de la Fiscalía contra el delito de usurpación, una fiscalía creada durante la gestión de Consuelo Porras. El informe plantea que la política criminal impulsada en los últimos años ha terminado favoreciendo intereses privados en territorios indígenas y utilizando el derecho penal como principal herramienta para resolver conflictos agrarios.Hablamos de desalojos, del aumento de denuncias por usurpación, del papel que juegan finqueros, empresas y proyectos extractivos, y de cómo muchas comunidades indígenas terminan enfrentando procesos penales bincluso cuando habitan esos territorios desde hace décadas o siglos.