Miguel Prieto, imputado intendente de Ciudad del Este, afirma en este mano a mano que agentes fiscales montaron las evidencias en las que basaron el proceso en su compra por la supuesta compra irregular de insumos durante la pandemia de coronavirus.

Sostiene además que el proceso tiene intenciones políticas, buscando sacarlo del cargo y asegura que es un esquema de presión judicial que podría darse con otros jefes comunales que no son afines al oficialismo colorado.