Guayaquil (Guayas), 22 de julio de 2022.- Ocho personas fueron procesadas por su presunta participación en el delito de asociación ilícita para oferta de tráfico de influencias.
La investigación, llevada por el fiscal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción No. 3, Bolívar Burbano, determinó que un grupo de personas se habrían asociado para cometer delitos contra la eficiencia de la administración pública.
Su objetivo habría sido ubicar a una persona en el cargo de jefe de Operaciones o de Distrito para manejar las exportaciones e importaciones de la entidad.
En este caso específico, habrían ofrecido cerca de 3 millones de dólares a una funcionaria cercana a la Dirección del Senae para que facilite la disposición de ese alto cargo. De acuerdo con la investigación de Fiscalía, este monto iba a ser financiado por exportadores, a cambio de cobrar favores en un futuro.
Sobre la presunta intervención en otras instituciones públicas, la investigación determinó que también habrían colaborado para entregar puestos de trabajo, valiéndose de ciudadanos reconocidas e influyentes en el campo político y social.
Elementos de convicción
Entre los principales elementos de convicción presentado por el fiscal Burbano en la audiencia de formulación de cargos –desarrollada la madrugada de hoy–, constan: el informe de vigilancias, seguimientos, filmaciones, grabaciones, fotografías, efectuados con las respectivas autorizaciones judiciales. También se expuso un informe forense de extracción de información de cámaras de seguridad, otro de extracción de información de números telefónicos, la transcripción de conversaciones mantenidas entre los involucrados, obtenidas con técnicas especiales de investigación, entre otros.
Con base en estos elementos, un Juez de Garantías Penales dio paso al inicio de la instrucción fiscal, cuyo plazo es de noventa días, vigente desde hoy.
Medidas cautelares
En la misma diligencia, Fiscalía solicitó al Juez que disponga la prisión preventiva para los ocho procesados. Ellos, a través de sus defensas, presentaron arraigos laborales, familiares y sociales; además certificados médicos que sirvieron de fundamento para que se dicten medidas alternativas: específicamente la de prohibición de salida del país y presentaciones periódicas, establecidas del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Contexto
La investigación del caso inició en septiembre de 2021, con base en un parte elaborado por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos contra la Eficiencia en la Administración Pública, que conoció la información a través de una llamada a la línea 1-800 DELITO.
