El concepto de presupuesto base de licitación viene recogido expresamente en el artículo 100 de la Ley de Contratos del Sector Público, definiéndolo como el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.