La aprobación de la ley que permite a los cotizantes retirar el 10% de sus ahorros previsionales para enfrentar la crisis económica tuvo un efecto colateral para muchos insospechado. Al permitir que los fondos fueran destinados al pago de pensiones de alimentos impagas, miles de mujeres presentaron acciones judiciales para exigir por esa vía el pago de al menos una parte de lo adeudado por los padres de sus hijos e hijas.