Al centrarse en la persona menor de edad infractora y atender el interés superior de las infancias, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes generó un componente de protección a las personas inculpadas de delitos –incluidos los graves, como el feminicidio–, al establecer como pena máxima 5 años de prisión y no obligarles a “reparar el daño” a las familias.