Se suponía que el régimen de excepción en El Salvador sería temporal, que sólo se aplicaría por treinta días. Pero han transcurrido dos años y la suspensión de algunos derechos sigue vigente como el primer día. El gobierno de Nayib Bukele, confiado en sus logros en la lucha contra las pandillas y el apoyo popular, rechaza las críticas. Pero Amnistía Internacional advierte que el prolongado estado de excepción ha generado una crisis de derechos humanos y alerta que podría perpetuarse “una política de tortura en el sistema penitenciario”.

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