El Departamento de Estado de EE.UU. publicó su informe del 2022 sobre las prácticas de derechos humanos en Bolivia. El documento expone la preocupación del gobierno estadounidense por las torturas, detenciones arbitrarias, impunidad, intimidación a la oposición, y casos de violaciones a la libertad de prensa. El Gobierno de Luis Arce reaccionó y señaló que no reconoce el informe, y lo calificó como una “práctica de injerencia en los asuntos internos del país”.

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