En el siglo 21, los golpes de estado se maquillan bajo la premisa de constitucionalidad. La idea es crear la matriz de opinión de que nuestros gobernantes operan fuera del marco constitucional, con ello logran neutralizar las acciones políticas que puedan frenar su éxito en la toma, legítima o no, del poder. O, al contrario, evitar que les arrebaten el poder ante un reclamo constitucional, legítimo o no.