La desaparición del paradero de Rubén Rocha Moya desata una crisis política, luego de que el gobierno federal admitiera no saber dónde está pese a brindarle seguridad; el caso se agrava con acusaciones desde EE. UU. por presuntos vínculos con el narcotráfico, mientras Claudia Sheinbaum minimiza las señalamientos y una gobernadora interina asume en un Sinaloa marcado por la violencia. Analistas advierten que las investigaciones podrían implicar a numerosos políticos, en medio de tensiones dentro de Morena por su discurso anticorrupción. En paralelo, “El Chapo” Guzmán solicita su repatriación a México y persisten problemas en infraestructura y sistemas de alerta en el país.